viernes, 19 de agosto de 2016

PENSIÓN ALIMENTICIA



La obligación de dar alimentos es recíproca. El que los da tiene a su vez derecho de pedirlos. Los cónyuges están obligados a proporcionarse alimentos. La ley determinará cuándo queda subsistente esta obligación en los casos de separación, divorcio, nulidad de matrimonio y otros que la ley señale. Los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos. A falta o por imposibilidad de los padres, la obligación recae en los demás ascendientes por ambas líneas que estuvieren más próximos en grado. 
Cuál es el sustento de un juicio de alimentos 
El juicio de pensión de alimentos, está sustentado fundamentalmente en 3 pilares:
Titulo para demandar (cónyuge; descendientes; ascendientes; hermanos, al que hizo una donación cuantiosa)
Necesidades del alimentario (gastos reales de vivienda y servicios básicos, alimentación, educación, salud, esparcimiento)
Capacidad de pago del deudor alimenticio (comprende la totalidad de los ingresos, excluido sólo los descuentos legales)

Los concubinos están obligados a dar alimentos, conforme a las siguientes reglas y acciones afirmativas: 
I. Que acrediten haber hecho vida común por al menos un año o haber procreado algún hijo en común
II. Que la concubina carezca de bienes y que se haya dedicado cotidianamente al trabajo del hogar, consistente en tareas de administración, dirección, atención y cuidado de las y los hijos, tendrá derecho a alimentos, mismo que no será inferior al cuarenta por ciento del total del sueldo, hasta que los hijos cumplan la mayoría de edad o que se dediquen al estudio. Tratándose de las y los hijos mayores de edad discapacitados, previa acreditación con la documentación idónea expedida por una institución pública de salud, al cuidado de la concubina, el concubino deberá proporcionarlos de por vida. Cuando el concubino se encuentre imposibilitado física o mentalmente para trabajar, previa acreditación con la documentación idónea expedida por una institución pública de salud, tendrá derecho a alimentos, el cual no será inferior al veinte por ciento del total del sueldo, por el tiempo que haya durado el concubinato. 
III. Que no haya contraído nuevas nupcias o viva en concubinato
IV. Que se reclame dentro del año siguiente de haber cesado el concubinato. Derogado. En el caso de que la concubina trabaje u obtenga una actividad remunerada, la obligación del concubino para dar alimentos será en los términos que establezca este Código. La concubina que no tenga hijas o hijos, que carezca de bienes y que se haya dedicado cotidianamente al trabajo del hogar, consistente en tareas de administración, dirección y atención, tendrá derecho a alimentos, mismo que no será inferior al treinta por ciento del total del sueldo, por el tiempo que haya durado el concubinato. No podrán reclamar alimentos y en su caso cesarán si se une en concubinato o contrae matrimonio.

viernes, 22 de julio de 2016

VIOLENCIA FAMILIAR



La violencia es aquello que se ejecuta con fuerza y brusquedad, o que se hace contra la voluntad y el gusto de uno mismo. Se trata de un comportamiento deliberado que puede ocasionar daños físicos o psíquicos a otro sujeto. Por lo general, un comportamiento violento busca obtener o imponer algo por la fuerza.

Por otra parte, la familia es la principal forma de organización de los seres humanos. Es una agrupación social basada en lazos de consanguinidad (como la filiación entre padres e hijos) o en el establecimiento de un vínculo reconocido socialmente (como el matrimonio).
La violencia familiar, por lo tanto, es la acción u omisión que el integrante de un grupo familiar ejerce contra otro y que produce un daño no accidental en el aspecto físico o psíquico.

Entre los principales tipos de maltrato o violencia que se dan en el seno de una familia hay que destacar dos grandes grupos. Así, en primer lugar, está la física que es la que se manifiesta a través de lesiones graves o bien a través de otras menores, que no requieren asistencia médica pero que igualmente causan un gran daño a todos los niveles a la víctima.

En segundo lugar, está la violencia familiar emocional que es aquella en la que la víctima no sufre físicamente sino a nivel sentimental. En este caso la citada se manifiesta a través de lo que es el rechazo, el ignorar, el terror o el aislamiento.


Este tipo de violencia es penado por la ley, aunque se trata de un delito que no suele ser denunciado. Es que la víctima siente temor, vergüenza y hasta culpa por denunciar a un integrante de su propia familia.

jueves, 14 de julio de 2016


Periodo Vacacional


Usucapion



Es la adquisición de un derecho o de una propiedad a través de su ejercicio en las condiciones y plazos previsto por la ley. La usucapión, también conocida como prescripción adquisitiva, es un modo de acceder a la propiedad de una cosa mediante la posesión continuada de los derechos reales durante el tiempo que establece la legislación.

Otros de los elementos que hay que tener claros respecto a la usucapión es que esta tiene carácter retroactivo. Y es que se considera que, una vez transcurrido el plazo, la adquisición del derecho se produjo en el instante en el que dio comienzo aquella.

Para exista la usucapión, no puede haber una acción en contra de la posesión en cuestión por parte del afectado. La existencia de la usucapión puede justificarse mediante dos teorías: la teoría objetiva y la teoría subjetiva.


La teoría objetiva sostiene que el fundamento de la usucapión se encuentra en otorgar seguridad a las relaciones jurídicas al consolidar las titularidades aparentes. Esta teoría, por lo tanto, busca mantener el status quo de la posesión.

La teoría subjetiva, en cambio, justifica la usucapión a partir del abandono o la renuncia al derecho real que tiene el titular, ya que éste no ejercita ninguna acción de defensa frente a la posesión de otro. El problema de esta postura es que, cuando el titular demuestra que la voluntad de renuncia es inexistente, la usucapión queda inmediatamente invalidada.

viernes, 1 de julio de 2016





El contrato de arrendamiento es aquel contrato a través del cual una de las partes, designada como arrendador, se obliga a transferir temporalmente el uso y disfrute de una cosa, ya sea mueble o inmueble, a otra parte que se denominará arrendatario, quien se encuentra obligado a través del mencionado contrato a pagar un valor por ese uso y goce.

viernes, 24 de junio de 2016

LA ORALIDAD EN LOS JUICIOS CIVILES



Se trata de acoger gradualmente algunos principios del sistema oral como la inmediación, concentración; distribuyendo el proceso entre actos orales y actos escritos, según resulte más conveniente para el buen desarrollo del proceso y una eficaz aplicación de la justicia.

El proceso oral se entiende en la aplicación de los siguientes principios:

Predominio de la palabra como media de la expresión contemplada con el uso de escritos de preparación y documentación.

Si se mira sólo el elemento exterior de la oralidad y de la escritura puede conducir a equívocos en cuanto a la índole del proceso pues es difícil concebir un proceso escrito que no admita algún grado de oralidad y un proceso oral que no admita algún grado de escritura.

El principio de oralidad no puede entenderse como una discusión oral en la audiencia.

El desarrollo del procedimiento civil viene condicionado por la exigencia de mayor sencillez en los actos procesales dada la naturaleza de las cuestiones que son objeto de debate en esta jurisdicción, por la necesidad del incremento de la oralidad en los debates civiles a fin de aumentar la publicidad del proceso, el acceso de las partes y el impacto social de estos.

Dentro de las ventajas reconocidas a la oralidad podemos mencionar:

Menor formalidad,

Mayor rapidez,

Propicia la sencillez,

Aumenta la publicidad del proceso,

Al concentrarse las actuaciones se reducen las notificaciones, citaciones y otras diligencias,

Permite la relación directa del tribunal y las partes, lo que conduce a profundizar en cualquier aspecto que suscite duda.


El juez se convierte en un verdadero protagonista dentro del proceso.

viernes, 17 de junio de 2016

reconocimiento de paternidad


El reconocimiento de la paternidad, en ocasiones no se produce, es decir que hay padres que no quieren reconocer legalmente a sus hijos, para ello la madre debe acudir a un procedimiento judicial civil, de reconocimiento de paternidad.
El ejercicio de dicha acción ante los Tribunales tiene por finalidad determinar la filiación de un padre respecto del hijo.
La acción puede ser ejercitada por el hijo durante toda su vida, si bien, durante su minoría de edad, se realizará por su representante legal (la madre) o por el Ministerio Fiscal.
Es necesario, para ejercitarla, Abogado y Procurador.
Para que el reconocimiento de paternidad sea admitido ante los Tribunales, la demanda deberá ir acompañada de “un principio de prueba” (fotografías, testigos, cartas, etc.), que puedan acreditar la existencia de relaciones sexuales entre la madre y el supuesto padre, en la época de la concepción.
Hoy día ese reconocimiento suele configurarse a través de la prueba del ADN, o también llamada prueba criminológica.
Pruebas de ADN en Parentesco Biológico y Criminalística
La identificación genética (identidad) tiene como finalidad la identificación de personas, o de testigos biológicos tales como sangre, saliva, raíces de cabello, semen, piezas dentales u otros tejidos corporales diversos.
Las aplicaciones del análisis del ADN en materia de identificación genética son muy numerosas. De entre ellas, cabe destacar:
1.      Los diagnósticos de parentesco biológico, éstos se realizan casi siempre en casos de paternidad disputada, sin embargo, también se llevan a cabo diagnósticos de maternidad y otras clases de parentesco.
2.      La identificación de vestigios biológicos en relación con delitos, así como en la identificación de cadáveres de personas desaparecidas o que han perecido en accidentes o catástrofes.


martes, 31 de mayo de 2016

¿QUÉ SON LOS DERECHOS HUMANOS?

Por Bianca Valerio Michel


Los Derechos Humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional, en nuestra Constitución Política, tratados internacionales y las leyes.

El respeto hacia los derechos humanos de cada persona es un deber de todos. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consignados en favor del individuo.

De igual manera, la aplicación de los derechos humanos a la que se encuentran obligadas todas las autoridades se rige por los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Principio de Universalidad: Señala que los derechos humanos corresponden a todas las personas por igual.

Principio de Interdependencia: consiste en que cada uno de los derechos humanos se encuentran ligados unos a otros, de tal manera que el reconocimiento de uno de ellos, así como su ejercicio, implica necesariamente que se respeten y protejan múltiples derechos que se encuentran vinculados.

Principio de Indivisibilidad: Se habla de indivisibilidad de los derechos humanos en función a que poseen un carácter indivisible pues todos ellos son inherentes al ser humano y derivan de su dignidad.

Lo anterior quiere decir que disfrute de los derechos humanos sólo es posible en conjunto y no de manera aislada ya que todos se encuentran estrechamente unidos.

Principio de Progresividad: Constituye una obligación del Estado para asegurar el progreso en el desarrollo constructivo de los derechos humanos, al mismo tiempo, implica una prohibición para el Estado respecto a cualquier retroceso de los derechos.

El Estado debe proveer las condiciones más óptimas de disfrute de los derechos y no disminuir ese nivel logrado.

El poder público debe hacer todo lo necesario para que sean superadas la desigualdad, la pobreza y la discriminación.

La promoción, respeto, protección y garantía de los Derechos Humanos tiene la función de:

Contribuir al desarrollo integral de la persona.

Buscar que todas las personas gocen de una esfera de autonomía donde les sea posible trazar un plan de vida digna que pueda ser desarrollado, protegidas de los abusos de autoridades, servidores públicos y de los mismos particulares.

Representa límites a las actuaciones de todos los servidores públicos, sin importar su nivel jerárquico o institución gubernamental, sea Federal, Estatal o Municipal, siempre con el fin de prevenir los abusos de poder, negligencia o simple desconocimiento de la función.

Crear condiciones suficientes que permitan a todas las personas tomar parte activa en el manejo de los asuntos públicos y en la adopción de las decisiones comunitarias (vida democrática).

jueves, 26 de mayo de 2016

RELACIÓN DEL DERECHO PENAL CON OTRAS CIENCIAS

Por Bianca Valerio Michel

Medicina forense: es la que interviene a través de sus conocimientos medico quirúrgicos con el fin de apoyar al derecho penal ya que el médico legista es el primero que interviene después de la realización de delitos.
Criminalística: es la rama que ayuda a averiguar si en un delito o un suicidio y a determinar quiénes son o el culpable.
Criminología: es la ciencia que estudia al delincuente desde el punto de vista biopsicosocial.
Psicología criminal: La valoración de las características psicológicas criminales ya sea por herencia o alteraciones psíquicas que se refieren o relacionan con la conducta del sujeto.
Psiquiatría criminal:  determina si el criminal es imputable o inimputable, estudia las enfermedades mentales y que a través de su intervención la autoridad podrá dictaminar si el sujeto es o no imputable o no.
Victimología: Estudia a la víctima y el papel que desempeña en relación al delito y las consecuencias que el delito ocasionada en la victima.
Sociología criminal: estudia los entornos sociales, con el fin de apoyar al derecho penal pretendiendo identificar las causas del delito.
Penología: es la ciencia que estudia la aplicación y la ejecución de las penas y en forma general el castigo y el tratamiento del delincuente.

Estadística criminal: es el número de los crimines o delitos realizados en un lugar y tiempo en específico para llegar a estadísticas numéricas.

martes, 24 de mayo de 2016

ELEMENTOS DE VALIDEZ DEL CONTRATO

Por Bianca Valerio Michel



Un contrato es aquel documento en donde las partes acuerdan, producir o transferir obligaciones y derechos.
Los elementos esenciales para que el contrato sea válido son:

I) Capacidad: Se divide en capacidad de goce que es la aptitud jurídica para ser titular de derechos y capacidad de ejercicio es la aptitud jurídica para ejercer derechos y contraer obligaciones sin ser representados por un tercero.

II) Consentimiento: El consentimiento se manifiesta por la aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir en el contrato.
También se puede dar los vicios en el consentimiento y se hará invalido si se da por error, violencia o por dolo. 

III) Objeto: Es la cosa que el obligado debe dar. La cosa debe ser determinada o determinable en cuanto a su especie y debe estar en el comercio, en caso de cosas futuras también pueden ser objeto del contrato sin embargo no se podrá llevar acabo en la herencia de una persona viva ni con su consentimiento.

IV) Causa: Es la entrega o promesa de una cosa o servicio por la otra parte.

V) Forma: en alguno de los contratos es posible que se exija una forma específica de celebración. Por ejemplo, puede ser necesaria de forma escrita, la firma ante notario y la presencia de testigos.

Hay dos tipos de contratos: 

Los unilaterales, que se dan cuando una de las partes se obliga hacia la otra sin que la otra quede obligada.

Y los bilaterales, estos se dan cuando las partes se obligan recíprocamente.

Es importante contar con cada uno de los elementos esenciales ya que en caso de que haga falta alguno de ellos el contrato podrá ser invalido, en alguno de los siguientes casos:

I)Por incapacidad legal de algunas de las partes o por una en especifico 
II) Por vicios en el consentimiento, 
II) porque el objeto motivo o fin sea ilícito, 
IV) porque el consentimiento no se haya manifestado en la forma que la ley lo establece.

viernes, 13 de mayo de 2016

Mandato

.Por: Carlos Gabriel López Portillo S.
El mandato es una representación voluntaria. 
Las personas físicas con capacidad procesal pueden comparecer a través de mandatarios judiciales o procuradores si así lo desean.
Cuando una persona comparece a través de un representante legítimo legal o voluntario debe acompañar a la demanda los documentos que acrediten esa representación.
El mandatario judicial o el representante común designado por los litisconsortes o el representante común nombrado por el juez sera el único que puede representar a los litisconsortes con exclusión de los demás.
Los emplazamientos, las notificaciones y las citaciones se entenderán con el mandatario judicial o el representante común.

En el decreto de reformas al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal publicado en el diario oficial de la Federación el 24 de mayo de 1996 se adicionó el párrafo cuarto del artículo 112 a fin de establecer que las partes pueden autorizar para oír notificaciones en su nombre a personas con cédula profesional de licenciado en derecho o con carta pasante, a quienes por esta autorización expresada por escrito (que puede ser en la demanda o en cualquier otro escrito posterior) se otorgue una especie de mandato judicial simplificado ya que los autorizados quedan facultados para interponer los recursos que procedan, ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas, intervenir en la diligenciación de exhortos, alegar en las audiencias, pedir se dicte sentencia para evitar la consumación del término de caducidad de la instancia por inactividad procesal y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrán sustituir o delegar dichas facultades a un tercero.
En el texto reformado por el decreto publicado en la gaceta oficial del Distrito Federal del 10 de septiembre del año 2009, se prevé en forma más específica que las personas autorizadas estarán facultados para intervenir en representación de la partes que los autoriza en todas las etapas procesales del juicio, comprendiendo la de alzada y la ejecución,  con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial, incluyendo la de absolver y articular posiciones, debiendo en su caso, especificar aquellas facultades que no se les otorga, pero no podrán sustituir o delegar dichas facultades. En el escrito en que se haga la autorización se deben proporcionar los datos de la cédula profesional o de la carta de pasante, además de que el autorizado debe exhibir la cédula profesional o la carta de pasante en la primera diligencia en que intervenga. Asimismo, los tribunales deberán llevar a cabo un libro para el registro de las cédulas profesionales y cartas de pasantes.

viernes, 6 de mayo de 2016

DE LA SEPARACIÓN DE PERSONAS COMO ACTO PREVIO A JUICIO

Por Michel N. Rivera Arriaga



El que intente demanda, denunciar o querellarse contra su cónyuge, puede solicitar su separación ante el Juez.

La solicitud de separación puede ser escrita o verbal, en la que se expresarán las causas en que se funde el domicilio en que habrá de instalarse quien pide la separación, la existencia de los hijos menores, en su caso, exhibiendo copia certificada de las actas respectivas.

Presentada la solicitud al Juez, sin más trámite resolverá sobre su procedencia y si la concede, dictará las disposiciones pertinentes para que se efectúe materialmente la separación, atendiendo las circunstancias del caso, determinando los bienes que ha de llevar consigo el solicitante y ordenara la notificación al otro cónyuge, previniéndole que se abstenga de impedir la separación o causarle molestias, bajo apercibimiento de procederse en su contra.

El Juez podrá modificar las resoluciones decretadas, cuando exista causa justa, o los cónyuges de común acuerdo o individualmente lo soliciten.

El Juez, según las circunstancias del caso, proveerá lo conducente a la guarda y custodia, a fin de salvaguardar la estabilidad de los hijos menores, durante la separación.

Si los cónyuges tuvieren hijos menores de edad, propondrán la forma y términos de su guarda y custodia, decidiendo el Juez, a su criterio, de acuerdo a las circunstancias.

Cualquier reclamación de los cónyuges respecto a la guarda y custodia de los hijos, se decidirá incidentalmente.

En la resolución se señalará el plazo de que dispondrá el solicitante para presentar la demanda, denuncia o querella que podrá ser hasta de quince días hábiles a partir del siguiente de efectuada la separación, pudiendo a criterio del Juez prorrogarse por igual tiempo.

Si al vencimiento del plazo concedido no se acredita al juez que se ha presentado la demanda, denuncia o querella, cesarán los efectos de la separación decretada.

viernes, 29 de abril de 2016

Acción contra la simulación

Por Ángel Rosas Rojas



Francisco Ferrara define la simulación como “la declaración de un contenido de voluntad no real, emitida conscientemente y de acuerdo entre las partes, para producir con fines de engaño la apariencia de un negocio jurídico que no existe o es distinto de aquel que realmente se ha llevado a cabo.” 

Existen dos tipos de simulación, la absoluta y la relativa.

La simulación es absoluta cuando el acto simulado nada tiene de real.

Es relativa cuando a un acto jurídico se le da una falsa apariencia que oculta su verdadero carácter.

El efecto jurídico que produce la simulación absoluta es que se declara la inexistencia del acto pretendido y que no se produjo efecto jurídico alguno.

En relación al acto de simulación relativo la declaratoria judicial debe ser tanto de inexistencia como de nulidad pues como ya se dijo hay dos actos el aparente y verdadero que esta secreto.

En el caso de que simulación absoluta, al declararse sin efectos el contrato simulado no queda ninguna relación entre las partes, el contrato simulado desaparece.

En el caso de la simulación relativa, el contrato no produce efectos entre las partes dejando a salvo las prestaciones pactadas en el contrato simulado. El contrato disimulado seguirá siendo válido si concurren sus requisitos substanciales y de validez. Al menos que su causa sea ilícita será nulo.
Respecto a terceros 

Un tercero es un subadquiriente de uno de los que participan en el contrato simulado es decir quien adquiere un derecho por lo general real de uno de los participantes en el contrato simulado.

Estos terceros pueden ser de buna fe y de mala fe.

Cuando el tercero es de mala fe y una vez anulado el acto simulado se restituirá la cosa o derecho a quien originalmente pertenezca con sus frutos e intereses si los hubiere, pero si la cosa o derecho ha pasado a título oneroso a un tercero de buena fe, no habrá lugar a la restitución.

Esta figura pudiera ser erróneamente confundida con la acción pauliana, y algunas diferencias entre estas dos figuras son:

La acción pauliana combate actos realmente efectuados; la acción declarativa de simulación ataca actos ficticios.

El ejercicio de la acción pauliana está reservado a los acreedores. En cambio, la acción de simulación puede ser intentada por cualquier tercero interesado.

La acción pauliana requiere que el crédito sea anterior al acto fraudulento. La acción declarativa de simulación no pide tales requisitos.

viernes, 22 de abril de 2016

Qué es el derecho de retención?

Por Francisco Javier Hernández Becerril.


Derecho de retención es la facultad legal, reconocida genéricamente, a todo acreedor civil, de legitimar por su sola voluntad la manutención de una relación real sobre una cosa, total o parcialmente ajena e incluso propia, que establecida al amparo de una ley, he devenido legítima con la finalidad de constreñir al cumplimiento voluntario de una obligación de dar suma de dinero, que es debida por razón de esa misma cosa, y que salvo los casos de retención anómala, sólo autoriza a su titular a mantenerse en la relación real hasta que se extinga el crédito, o su acción, o se garantice su cumplimiento

Para la legislación mexicana, así como de la mayoría de los países occidentales, el derecho de retención no es objeto de contemplación en sus códigos civiles o de comercio; ya que solo se trata de una facultad concedida en ciertos casos que sí establece la ley en favor del acreedor. 

México por su parte parece no contemplarlo en sus artículos, pero su ontología está presente en las modalidades y la extinción de diversas obligaciones, así como en sumos contratos de carácter civil y mercantil.

Sin embargo, el Art. 810 CCDF, en cada una de sus fracciones hace referencia a la posesión adquirida, así como los artículos subsecuentes que hacen referencia al saneamiento, daños y perjuicios y acciones.

Entonces se trata de una garantía para el acreedor de carácter legal, quien se asegura al retener la satisfacción de su crédito, asimismo es un derecho personal con efectos reales particulares y limitados, puesto que se puede reclamar el derecho solamente al deudor, pero se ejerce directamente sobre el bien retenido.

Para que proceda el ejercicio del derecho de retención es necesaria la existencia de requisitos como:
La tenencia del bien.
La existencia de un crédito a favor del tenedor y a cargo de quien reclama la devolución de bien.
Conexidad entre el objeto y el crédito.

El derecho de retención en la legislación mexicana representa una institución autónoma, que no puede confundirse con los derechos reales, pues estos consisten en el poder del titular para usar directamente la cosa, y en la retención no se cuenta con esa disposición respecto al objeto. 
Por lo anterior, la retención implica un caso particular de un crédito quirografario con prenda especializada y no se encuentran en él los elementos que constituyen la naturaleza de los derechos reales. 

Como se ha señalado, es una facultad del acreedor, no un derecho. No lo puede ejercer por vías judiciales, sólo puede repeler las acciones que se entablen contra el acreedor. Por consiguiente, y tratándose la tenencia de una cuestión de hecho, cualquier modo de desapoderamiento, no hace factible el recupero por medios judiciales ni tampoco por vías de hecho. En todo caso, puede pedir, judicialmente, el derecho a embargar la cosa. No se trata de un derecho, se insiste, sino en la protección de un hecho.

El origen del derecho de retención es legal, no por acuerdo de partes. Sin embargo, puede ejercerse por motivo de una disposición legal, pero no puede convenirse tan generosamente. Es como renunciar al derecho de propiedad. Y como tal derecho no es renunciable, las hipótesis que pueden manejarse de manera pactada o contractual, implican la transferencia de la propiedad de la cosa no pagada una deuda o prestación. En este sentido es unánime la doctrina. Sin embargo, puede acordarse el uso al retentor, y la transferencia del dominio o propiedad en caso de falta de pago. En tal caso, se hace ejercicio del derecho de retención por motivo de tales derechos, y no por la falta de pago.

¿Qué función cumple la retención?
La función es netamente coercitiva. Si bien algunos autores consideran que puede ser cautelar, menester es, poner de relieve, que, semejante capacidad por parte de los particulares, no es dado por la ley. Cuando los Códigos Procesales establecen la posibilidad de embargar bienes, se parte de un principio de jurisdicción y de bilateralidad. De defensa en juicio de los derechos.

Los autores que sostienen que la función del derecho de retención es cautelar; de esta manera hablan de la imposibilidad de enajenar los bienes, o sea un congelamiento de los bienes del deudor. No podemos estar más en desacuerdo. Las vías procesales son idóneas para el embargo y, además, para el secuestro de los bienes embargados. Ir más allá de la mera función coercitiva, implicaría una justicia por mano propia, jurídicamente inaceptable a los hombres de derecho.

En cambio, cuando se trata de una retención con el objeto de que su uso haga satisfacción al acreedor de una obligación, llamadas, retenciones anómalas, y que tienen ese objeto, legalmente predispuesto, entonces será posible la retención hasta la compensación del crédito mediante su uso, lo cual no hace diferencia con la función coercitiva, pero sí, hace las cosas mas sencillas. La privación es del uso y goce, y fundamentalmente coercitiva.

El derecho de retención se extingue por la entrega o abandono voluntario de la cosa sobre que podía ejercerse, y no renace aunque la misma cosa volviese por otro título a entrar en su poder. el derecho de retención también se extingue por:
Pago de la deuda por parte del deudor. Si el deudor abona su deuda al retentor o detentador y, por lo tanto, se extingue la obligación, éste último deberá devolver la cosa al antiguo deudor.
Renuncia. La entrega voluntaria o abandono de la cosa implica renuncia tácita al ejercicio de retención. La renuncia expresa también y con mayor razón, extingue este derecho.
Pérdida o destrucción total de la cosa. Cuando el objeto retenido no existe, no hay facultad alguna que pueda ejercerse a pesar de permanecer impaga la deuda. Si la pérdida es parcial, puede retener los restos.
Confusión. Si la cosa, por cualquier tipo que sea, pasa al dominio del retentor, el derecho se extingue, pues es indispensable que la cosa sea ajena.

lunes, 18 de abril de 2016

Divorcio

 

LA SOLICITUD DE DIVORCIO PODRÁ PRESENTARSE POR UNO DE LOS CÓNYUGES, SIN NECESIDAD DE SEÑALAR LA RAZÓN QUE LO MOTIVE.

viernes, 15 de abril de 2016

ARBITRAJE

Por Francisco Bustamante Zarate

El arbitraje es un procedimiento por el cual se somete una controversia, por acuerdo de las partes, a un árbitro o a un tribunal de varios árbitros que dicta una decisión sobre la controversia que es obligatoria para las partes. Al escoger el arbitraje, las partes optan por un procedimiento privado de solución de controversias en lugar de acudir ante los tribunales.

Las partes, de mutuo acuerdo, deciden nombrar a un tercero independiente, denominado árbitro, y que será el encargado de resolver el conflicto. El árbitro, a su vez, se verá limitado por lo pactado entre las partes para dictar el laudo arbitral. Deberá hacerlo conforme a la legislación que hayan elegido las partes, o incluso basándose en la simple equidad, si así se ha pactado.

Cuando un arbitraje se ajusta a la legalidad, sustituye completamente a la jurisdicción ordinaria, que deberá abstenerse de conocer el litigio. Sin embargo, sí que será necesario acudir a la misma (a través de la acción ejecutiva) cuando sea necesaria la intervención de las autoridades para hacer cumplir el laudo arbitral.

Es el acuerdo voluntario entre las partes para solucionar sus diferencias, que surgen de una relación contractual o no contractual que sean o no, metería de un proceso judicial, sujeta a requisitos generales establecidos en la legislación civil para la validez de los contratos.

La ley de arbitraje considera este principio en materia de convenio arbitral, exigiendo la forma escrita, bajo sanción de nulidad. En la forma de una cláusula inserta en el texto del contrato, o bajo la forma de un acuerdo independiente.

El objeto del convenio arbitral debe ser lícito y posible. La ley de arbitraje ha regulado las materias susceptibles de someterse a arbitraje, como son las materias determinadas o determinables sobre la que las partes tengan la libre disposición; exceptuándose las cuestiones que versen sobre el estado o capacidad civil de las personas, ni las relativas a bienes o derechos de los incapaces, sin la previa autorización judicial. Aquellas sobre las que ha recaído resolución judicial firme, salvo las consecuencias patrimoniales provenientes de su ejecución.

En cuanto se refiere a las partes del proceso; las que interesan al orden público, o que versen sobre delitos o faltas; sin embargo, cabe arbitrarse respecto a la cuantía de la responsabilidad civil, cuando no ha sido fijada en resolución judicial firme.

En una palabra no son competentes los árbitros en las que estén interesado el orden público.

Cuando existe un convenio arbitral, ya no es competente el juez en lo jurisdiccional, debiendo declinar su avocación. Si el convenio es anterior evita el proceso judicial, que pueda promoverse y si fuera celebrado estando pendiente un trámite judicial, produce el efecto de extinguirlo (Art. 1 ley 26572).

Los principios que regulan el arbitraje son:

Voluntariedad: las partes se someten voluntariamente a la decisión de un tercero.

Igualdad: las partes deben ser tratadas por igual, con los mismos derechos y obligaciones.

Audiencia: las partes tienen derecho a exponer sus razonamientos, ya sea por escrito o de manera presencial.

Contradicción: las partes, en concreto el demandado, tiene derecho a saber de qué se le acusa.
Libertad de configuración del Proceso Arbitral: las partes pueden determinar el proceso, incluso una vez éste ya haya comenzado, si están de acuerdo.

Confidencialidad: ni las partes, ni el árbitro, ni la corte (si la hubiere) pueden hacer público lo que conozcan durante el arbitraje, ni el laudo final. Salvo acuerdo de las partes


LAUDO ARBITRAL

Es la decisión que emiten los árbitros para finalizar un litigo, de tal forma dan cumplimiento a su designación como árbitro, a diferencia del juez de jurisdicción, que al provenir de la estructura orgánica del estado tiene carácter permanente y genérica, con delimitaciones, propias en materia territorial y funcional, y su labor no culmina con la emisión de una sentencia definitiva. Es más el juez tiene la potestad para hacerla cumplir disponiendo las medidas pertinentes para ello. Los árbitros en cambio nacen de una fuente convencional y por lo tanto limitada al caso de la resolución de una situación concreta, así una vez finalizado el conflicto desaparecen sus facultades.

El laudo equivale a una sentencia, que de acuerdo a ley del arbitraje debe ser escrito bajo sanción de nulidad. En principio los árbitros no pueden abstenerse y de hacerlo, debe entenderse se adhieren a lo decidido por la mayoría (Art. 45, 46, ley 26572).

En caso de arbitraje de derecho, el aludo debe consignar el lugar y la fecha de emisión, los datos que identifiquen a las partes y a los árbitros, la cuestión sometida a arbitraje y a una somera relación de los hechos, alegaciones y conclusiones de las partes, la valoración de las pruebas en que se sustenta la decisión, la decisión concreta y los fundamentos de hecho y derecho en que se fundamenta (Art. 50, ley26572).

En caso de arbitraje de conciencia, no se exige en términos estrictos la valoración de las pruebas ni la fundamentación de derecho, no obstante lo cual no requiere una fundamentación razonada de la decisión (Art. 51, ley 26572).

La ley establece que el laudo debe emitirse en caso de no haberse dispuesto otra cosa, en un plazo de 20 días de vencida la etapa probatoria.

Si los árbitros consideran necesario contar con un plazo adicional, podrán ampliarlo, sin exceder de 15 días más (Art. 48, ley 26572).

La emisión del aludo debe emitirse dentro del plazo acordado por las partes, o fijado en las normas reglamentarias, o la ley a falta de acuerdo entre las partes su incumplimiento acarrea graves consecuencias, tanto en lo concerniente a la validez del laudo, y a la responsabilidad de los árbitros. En caso que los árbitros fallen fuera del plazo, constituye causal de nulidad del laudo (Art. 73, inc. 5, ley 26572), por carácter de jurisdicción al agotarse el vencimiento del plazo

lunes, 11 de abril de 2016

Constituye tu empresa!!


La constitución de una sociedad mercantil es una de las fórmulas más habituales para desarrollar una actividad empresarial. Por un lado las posibles ventajas fiscales, por otro la menor responsabilidad sobre el devenir del negocio y, en otros casos, por una cuestión de imagen empresarial. Independientemente de los motivos, la constitución de una sociedad mercantil tiene sus ventajas

viernes, 8 de abril de 2016

DETENCIÓN ILEGAL

Por: Luis Alberto García Flores. Maestro en Política Criminal.



Comenzaremos el presente con el objetivo de exponer la forma en que el Estado, en uso de la fuerza, priva de la libertad a las personas. En primer lugar ha justificado tales detenciones con base en lo expuesto por el discurso jurídico penal, lo que se traduce en conductas legales por parte de la autoridad.[1] En segundo orden, las detenciones sin una justificación, las denominaremos ilegales. Para lograr el objetivo pretendido analizaremos el concepto de detención de manera directa,[2] en consecuencia, sólo nos limitaremos a su definición. Logrado lo anterior, clasificaremos la detención en legal e ilegal, para describir las detenciones ilegales que hemos investigado a nivel nacional, para finalizar el presente con las correspondientes conclusiones.

Entrando en materia, la Real Academia de la Lengua española define a la detención como “privación provisional de la libertad, ordenada por una autoridad competente”[3]. Ahora bien, expondremos el concepto de detención a la luz de lo mostrado por Héctor Fix Zamudio, el cual ha manifestado sobre el particular que en nuestro país ha sido una práctica muy reiterada las detenciones ordenadas por autoridades diversas de las jurisdiccionales, como lo es el Ministerio Público y que se prolonga por un tiempo desmedido, privando de esta forma al procesado de sus derechos elementales.

Por su parte, el diccionario especializado en materia penal establece que la detención es “privación preventiva de la libertad impuesta a un individuo para dar cumplimiento a un mandato judicial”[4].

De las anteriores definiciones podemos inferir que todas tienen dos elementos en común. El primero de ellos obedece a la restricción de la libertad, el segundo es que dicha detención la ordena una autoridad competente. Por lo anterior, estamos en aptitud de clasificar a la detención en legal e ilegal. Sobre el particular, el legislador consideró en el Código Nacional de Procedimientos Penales, diversos supuestos para la procedencia de la detención. El primero es la detención por flagrancia.[5] En este supuesto cualquier persona puede detener a una persona en el mismo momento de cometer el delito.

En el mismo orden de ideas, el señalado ordenamiento prevé la detención por caso urgente[6]. En este sentido, sólo el Ministerio Público bajo su responsabilidad puede detener a una persona. La misma codificación ha señalado la orden de aprehensión[7] como otra forma legal de detención.

De esta forma, cuando una persona es detenida fuera de los supuestos señalados, podemos considerar que puede ser privado de su libertad de forma ilegal. Para ello, expondremos dos notas periodísticas que son representativas para el presente estudio y por necesidades metodológicas sólo referiremos dos recomendaciones de la Comisión Derechos Humanos del Distrito Federal CDHDF.

En este sentido, la primera de ellas trata de un migrante cuyo nombre es Stephen Compton, quien es un ciudadano australiano, que tuvo que arribar a nuestro país. Comenzó a trabajar como decorador de interiores sin tener permiso legal para ello. El día 19 de noviembre de 2009, Campton preguntó a unos agentes migratorios cómo podría regularizar su situación en el país. Sin embargo, fue detenido y recluido a la estación de Las Agujas en Iztapalapa, en la ciudad de México. Después de cinco días, le ordenaron la expulsión de nuestro país, sin embargo fue hasta el 24 de marzo de 2010 cuando obtuvo su libertad.

Por su parte, la Ley de Migración prevé la posibilidad de presentar a las estaciones migratorias a las personas que tengan una situación migratoria irregular. En este supuesto, la detención no podrá ser superior a los quince días.[8]

Ahora bien, una vez en libertad Campton declaró que en la estación migratoria existen individuos extranjero que llevan más de ocho meses en reclusión sin tener conocimiento de sus situación legal[9], lo que evidentemente deja en descubierto la forma en que se conducen las autoridades mexicanas en contra de los migrantes irregulares.

La siguiente nota periodística, la publica El heraldo de Tabasco. Raúl Hernández García, quien es delegado municipal de la ranchería Vernet de Macuspana, en el estado de Tabasco, fue detenido de manera ilegal por agentes municipales. Ahora bien, debemos poner en contexto su detención. El día 3 de abril de 2014, el gobernador de Tabasco, Arturo Núñez estuvo en Macuspana e inauguró la casa de justicia. En dicho evento político, el delegado, en compañía de otros más, acusó al presidente municipal de nombre Víctor Manuel González Valerio, de no recibir a los diversos delegados que le solicitaban audiencia personal, por lo que el gobernador le llamó la atención al funcionario durante la inauguración.

Derivado de lo anterior, el presidente municipal decidió tomar venganza en contra del delegado. En este sentido, Lorena Sánchez Martínez funcionaria municipal relató que con fecha 15 de mayo de 2014, el delegado Raúl se dirigió al parque frente del ayuntamiento en donde se concentrarían otros más con la finalidad de programar acciones de trabajo, sin embargo no acudió nadie a la reunión señalada y decidió entrar al baño del ayuntamiento. El guardia de seguridad le preguntó el lugar al que se dirigía, asi como también su nombre. Una vez que fue identificado, utilizó su radio y dio aviso de que se encontraba en las instalaciones del ayuntamiento.

Hecho lo anterior, se presentaron agentes de la Policía Municipal, quienes lo sometieron y esposaron sin justificación alguna, sin una orden de aprehensión, sin un acuerdo de retención por caso urgente, ni mucho menos por haberlo detenido en flagrancia por la comisión de alguna conducta considerada como delito.

Llevado a cabo esta acción ilegal la víctima fue subida a una camioneta y tras varios minutos detuvieron su marcha, obligándolo a ingerir bebidas alcohólicas. En este mismo sentido, la misma funcionaria continúa relatando que los policías dijeron que tenían una orden de ir a buscar un paquete y colocárselo a Raúl. Llegando a la agencia de Seguridad Pública municipal, el director le reitera que por orden del presidente municipal se encuentra detenido e instruye a los agentes que lo trasladen a otro lugar dentro de las mismas oficinas para que confiese su estado de ebriedad.

Sin embargo, el hermano del delegado acudió a la agencia municipal y pagó una multa para que fuera liberado. Una vez en libertad acudió a la Comisión de Derechos Humano de Tabasco en donde presentó una queja en contra del alcalde González Valerio e interpuso una denuncia ante el agente del Ministerio Público de Macuspana.[10]

En el mismo sentido, la CDHDF, en su recomendación 1 de 2014 y derivado de un análisis de las constancias que obran en el expediente del joven detenido arbitrariamente por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, determinó realizar una recomendación al Secretario de Seguridad Publica y al Procurador General de Justicia del Distrito Federal[11].

En el mismo sentido se encuentra la recomendación número 2 del presente año de la Comisión señalada, dentro del caso de detenciones arbitrarias, uso ilegal y desproporcionado, de fuerza, actos de tortura y violaciones a los derechos de la víctima de delitos en agravio de una familia de Tlahuac.[12]

Las notas periodísticas y las recomendaciones de la CDHDF, son suficientes para determinar que en los albores del siglo XXI, siguen practicándose las detenciones de forma ilegal en nuestro país.

De esta forma, podemos señalar que la ley es utilizada para el constructo de delincuentes (como lo refiere la propia CDHDF), esto es así ya que no puede entenderse que una persona que camina en compañía de sus familiares sea detenida, se le ponga a disposición de las autoridades ministeriales y sea consignada al reclusorio norte por el delito de robo con violencia a transeúnte.

De la misma forma, podemos argumentar que la ley es manipulada con fines de venganza, tal y como aconteció con el delegado en Macuspana en Tabasco. La ley es un instrumento que sirve para lograr las pretensiones de las personas. Es decir, las personas se valen de la misma para satisfacer sus impulsos y deseos.

Para finalizar, la ley también puede ser utilizada para violentar a grupos vulnerables como los migrantes. Esto ha quedado en evidencia con el caso del decorador de interiores, que su error fue preguntar cómo podría arreglar su condición migratoria. De esta forma, declaró que existen muchos migrantes en el mismo supuesto y peor aún, porque también existen personas privadas de su libertad que llevan hasta ocho meses, cuya única conducta fue haber nacido fuera de nuestro país. Dejemos que el tiempo indique si ser extranjero es causa suficiente para privarlos de su libertad.



[1] En el desarrollo del presente se utilizará el Código Nacional de Procedimientos Penales, que se publicó el 5 de marzo de 2014, en el Diario Oficial de la Federación, con la finalidad de explicar las detenciones legales.
[2] Patrick Dunleavy ha recomendado la utilización de análisis conceptual de manera indirecta la cual comprende 5 momentos. El primero de ellos es incluir el concepto dentro de su universo, el segundo refiere a la búsqueda de antónimos de los conceptos que se analizan dentro de su universo, el tercero es buscar antónimos de antónimos, el cuarto es la búsqueda de palabras compañeras, es decir que provengan de la misma raíz etimológica y el quinto es explicar las diferentes definiciones sobre un mismo concepto.
[3] http://lema.rae.es/drae/?val=detencion. 17 de mayo de 2014. 21:10 hrs.
[5] Artículo 147 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
[6] Artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
[7] Artículos 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
[8] Artículos 111 Ley de Migración.
[9] Cfr. http://www.jornada.unam.mx/2010/11/17/sociedad/050n1soc. fecha de consulta 19 de mayo de 2014. 08:00 hrs
[10] Cfr. http://www.oem.com.mx/elheraldodetabasco/notas/n3393417.htm. Fecha de consulta 19 de mayo de 2014. 09:00 hrs.
[11] Cfr http://cdhdf.org.mx/images/pdfs/recomendasiones/2014/reco_1401.pdf. Fecha de consulta 19 de mayo de 2014. 09:30 hrs.
[12] Cfr. http://cdhdf.org.mx/images/pdfs/recomendasiones/2014/reco_1402_1.pdf. Fecha de consulta 19 de mayo de 2014. 09:50 hrs.